Aunque el uso de sistemas informáticos para procesar y almacenar la información del Estado está hoy en día ampliamente difundido, es un fenómeno bastante nuevo. Esta expansión veloz que ha tenido la tecnología digital es una de las causas por las cuales ningún Estado tiene políticas especificas a los problemas que deberían tenerse en cuenta al usar tecnología para manipular la información de los ciudadanos.
Existen pocos políticos informados sobre la problemática presentada en la sección anterior, debido a lo nuevo que es el problema, y debido a que es un problema con un amplio aspecto técnico. Dado que los derechos de los ciudadanos es lo que se pone en juego, es importante difundir a los ciudadanos (y en especial a aquellos que participan activamente en el gobierno y establecen políticas) acerca del problema de la información, y las formas de enfrentarlo.
Una de las peculiaridades acerca del SL, es que ha estado desde un principio asociado a una gran comunidad internacional de personas, en general capacitada técnicamente para comprender a fondo los problemas sobre control de la información, y muchas veces interesados por las consecuencias sociales relacionadas (uno de los motivos principales de desarrollo de SL es la solución de los problemas sociales asociados al software propietario).
Esta comunidad es una excelente base para formar un grupo idóneo dedicado a promover el uso de SL en el Estado, informando a ciudadanos y a gobernantes sobre esta problemática.
El uso de SL en el Estado puede organizarse a través de dos frentes diferentes:
•En primer lugar, a partir de implementaciones o migraciones a SL de los sistemas utilizados en reparticiones individuales. Esto permite obtener resultados rápidos, generar confianza en el SL y empezar a establecer infraestructura y experiencia para migraciones a mayor escala. Además, esta es una actividad que puede ser iniciada sin depender de muchos niveles de toma de decisión burocrática.
•En segundo lugar, a través de definir y establecer las políticas y legislación asociadas. Esto garantiza una solución más duradera que la anterior.
Ambas estrategias se complementan. En los dos casos la comunidad puede participar de forma activa e intensiva. En el primer caso, ofreciendo trabajo y conocimiento, y en el segundo caso, ofreciendo asesoramiento técnico a los políticos y legisladores. La participación es crucial para que las implementaciones sean efectivas, y la legislación responda a los problemas reales.
Otra de las actividades donde la comunidad puede y debería cumplir un rol importante es en la difusión al público en general. Esto puede realizarse tanto a través de charlas como de documentos y publicaciones en los medios de comunicación. De esta manera, se instala en la opinión pública el conocimiento sobre los problemas asociados a la pérdida del control de la información en el Estado y sus consecuencias (dependencia tecnológica, perdida de oportunidades de desarrollo, perdidas económicas, violaciones a la seguridad, perennidad y privacidad de la información, etc.).
Dada que esta problemática es de crucial interés para los derechos de los ciudadanos, sería oportuno complementar el rol de difusión de la comunidad con discusión instaurada desde la educación
